Uribe te deja decidir: ¿Justicia o Paz?

Al momento de escribir estas líneas me encuentro en Medellín.Esta mañana salí a caminar la calle en busca de la típica “tiendita de la esquina” para tomarme un tintico (en Colombia cuando pides un tinto no te dan un vaso de vino si no un café negro) y una almojábana. Por supuesto encontré un lugar y mientras desayunaba escuchaba la conversación de dos señores ya mayores acerca del presidente Uribe.

Uno de ellos expresaba, sentado en su silla de ruedas, su intención de votar a Uribe para su reelección, y explicaba que esto sería así porque tenía la completa convicción de que es el mejor presidente que ha tenido Colombia. El otro hombre no difería de su opinión. Y yo he de confesar que hasta dos o tres días antes habría coincidido con ellos.

Mi opinión era tal porque al llegar a Medellín me encontré con una ciudad llena de nuevos espacios públicos, como parques, bibliotecas, museos, etc., también pude ver las mejoras en las infraestructuras, y el empuje dado a la economía por el dinero de los inversionistas extranjeros.

Otro factor que influyó era el mediático. Tanto en la radio como en la televisión no paran de anunciar la entrega de miembros de las FARC, la captura o muerte de destacados miembros de la guerrilla, el narcotráfico u otros delincuentes y terroristas. Los últimos y más destacados han sido Raúl Reyes (el de los disco duros que traen a Chávez por el camino de la amargura) y Karina (uno de los miembros más sanguinarios de las FARC). También se le ha dado vitrina a la extradición de los principales jefes paramilitares desmovilizados.

Este último hecho no necesariamente es bueno a pesar de que se venda como tal. Las implicaciones directas de estas extradiciones, afectan especialmente a las víctimas, dado que sus esperanzas de saber la verdad acerca de los crímenes que terminaron con la vida de sus seres queridos se desvirtúan en razón de que el resto desmovilizados acogidos a la ley de justicia y paz están en libertad, por tanto no tienen la obligación de confesar. De otro lado es mas difícil que estos jefes sean juzgados por crímenes de lesa humanidad, ya que en los EE.UU. solo se los requieren por narcotráfico.

Sin embargo, todo esto crea un clima de esperanza tanto en los habitantes de las ciudades, como en los inversores extranjeros. Se podría decir que en este momento la maquinaria propagandística y política colombiana están haciendo un trabajo superior al que realizan sus homólogas de EE.UU., que ya es mucho decir. Recordemos como la invasión de Irak fue vendida como una santa cruzada por el bien y la seguridad de los “contribuyentes”, y de paso el de la humanidad entera.

Pero en Colombia, sin demeritar demasiado las mejoras tangibles, subyace una realidad distinta a la publicitada. La historia oculta del paramilitarismo como herramienta de poder, enriquecimiento y su futuro como ejércitos mercenarios de bajo costo político.

¿Qué tal si derrumbamos algunos mitos?

Mentira número uno: “los paramilitares son grupos sediciosos que surgen como respuesta a los atropellos de la guerrilla”.

En principio hay un pequeño grado de verdad en la anterior afirmación, ya que el origen de los grupos paramilitares es a partir de 1960 con la expedición del Decreto 1705 se estableció el Consejo Superior de Defensa Nacional y en virtud del decreto 3398 de 1965 se organizó la “Estrategia de la Defensa Nacional”, propiciando la movilización para la guerra de la población a través de la denominada defensa civil, entendida como “un sistema de protección que la población civil, en estrecha coordinación con las autoridades militares, presta para atenuar el efecto destructivo de las grandes emergencias… Con la Ley 48 de 1968 se concretó la creación, formación y entrenamiento de paramilitares por parte de las instancias militares y su contribución en la lucha contra el comunismo, dotándoselos de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas. Paralelamente en virtud del Decreto 1537 de 1974 se sofisticó la estrategia de Defensa y Seguridad Nacionales y en 1978 mediante el decreto 1923 se complementó con la ampliación de las facultades a la Fuerza Pública para el juzgamiento de civiles, definiendo nuevos tipos penales abiertos como “el que trastorne el orden público”; aplicando la censura de prensa y otorgando poderes judiciales a la policía. Y así durante las décadas de los 70, 80, etc…

Con la promulgación de la nueva constitución de 1991 y la creación de la reforma agraria, pequeños grupos que veían sus intereses políticos y económicos en peligro comienzan a financiar a los grupos paramilitares con la intención de usarlos para defender sus intereses a nivel social y político. Esto se ve probado por el hecho de que este grupo terrorista siempre ha sido mucho más eficiente contra los civiles (léase campesinos) que contra la guerrilla. De hecho se puede decir que los paramilitares han logrado un efecto de contra reforma agraria, que ha llevado a manos del 0,4% de la población el 61% de las tierras de este país (Colombia posee más de 1,3 millones de kilómetros cuadrados de territorio).

Mentira número dos: “los principales grupos paramilitares se han desmovilizado”.

El proceso de desmovilización se puede considerar un fraude ya que permitió llevar a un marco de legalidad el dinero, los negocios y los soldados (asesinos incluidos) del paramilitarismo. Todo gracias a la nebulosa y permisiva ley de “justicia y paz”. A la vez que esto ocurría, gobierno y paramilitarismo asesinaban a los cabecillas de las redes del narcotráfico. Este vacío de poder fue rápidamente llenado por dirigentes del paramilitarismo, asimilando de esta forma las infraestructuras de estas organizaciones delictivas.

Por otro lado, gobierno y paramilitares orquestaron una gran pantomima para poder presentar grandes cifras de desmovilización, al mezclar miembros de las pandillas de los barrios más pobres con los supuestos miembros reales de los grupos paramilitares. Tal como lo reconoce para la revista Semana [1]] el Alto Comisionado para la Paz.

De esta forma los paramilitares obtienen otro beneficio, el control de las principales bandas juveniles de las barriadas. Sin embargo, la progresiva toma de control de estas bandas por parte de grupos paramilitares al servicio del narcotráfico es un fenómeno que se viene dando desde hace ya varios años. Como es el caso de la banda de los Triana que por años ha operado en la zona nororiental de Medellín.

Mentira número tres: “con la desmovilización el paramilitarismo ha desaparecido”.

La política Colombiana ha tenido un gran y reconocido historial como perro fiel y obediente de los dictámenes del gobierno de EE.UU., lo cual condiciona de forma definitiva los conflictos internos. Para muestra un botón, en 1962 se puede ver en uno de los manuales militares estadounidense lo siguiente:

“para disminuir el requerimiento de unidades militares, se ha visto que es de gran ayuda el empleo de policía civil, de unidades semi-militares y de individuos de la localidad que sean simpatizantes de la causa amiga”.

No creo que sea difícil adivinar quienes fueron el producto de aplicar estas directrices. Pero ¿cuál es el futuro de estos engendros? Pues la nueva política de seguridad estadounidense ha hecho evolucionar el monstruo paramilitar para convertirlo en lucrativas empresas de mercenarios a la carta.

La prueba se ve en los 35 Contratistas Militares Privados que operan en los EE.UU. generando un negocio de 100 billones de dólares. Estos mercenarios no pertenecen (y no son fieles) a un país determinado, con lo cual sus operaciones no se ven restringidas por los acuerdos internacionales. Y lo mejor, si cometen un crimen el costo político para el gobierno es mínimo.

El futuro de las organizaciones paramilitares en Colombia es convertirse en empresas legales de seguridad, en otras palabras, organizaciones mercenarias al servicio de los poderes políticos y económicos de los dirigentes. Por otro lado, y de forma paralela a sus futuras actividades “limpias”, se los puede ver como un proyecto económico que monopoliza todas las actividades ilegales en las zonas bajo su influencia, tales como la venta de drogas al por menor, el narcotráfico al por mayor, la prostitución, el robo de vehículos y las extorsiones, entre otras. También buscan activamente tomar control de instituciones civiles legales como las juntas de acción comunal.

Seguramente las instituciones internacionales presionen, en un futuro no muy lejano, al gobierno colombiano para que purgue a estos ejércitos mercenarios de todo rastro de corrupción. ¿Podrá, llegado el momento, el gobierno colombiano acometer tal tarea?

¿Qué pasa con las víctimas?

Dada la situación actual es muy poco probable que las víctimas vean castigados a los asesinos y terroristas que han arruinado sus vidas. Porque precisamente la base sobre la cual funciona la ley de “Justicia y Paz” es rebajar al mínimo las penas de cárcel e incluso conmutarlas por otras formas de castigo más simbólicas. Por este lado sólo nos queda la esperanza de que pasados unos años, como ha ocurrido en Chile y Argentina, algunos de los mandos medios de estos grupos terroristas sean enjuiciados de una forma seria por el tribunal internacional y se pudran el resto de sus días en la cárcel.

En cuanto a sus tierras, muchas de las propiedades que en su día fueron otorgadas a los campesinos están ahora en manos de compañías extranjeras, las cuales están invirtiendo millones de dólares en comprar propiedades de todo tipo en Colombia. Esto ya está abonando el terreno para una futura burbuja inmobiliaria de la cual de beneficiarán muchos políticos, véase el caso de Marbella en España.

Por último, en el campo de lo puramente económico existe un fondo para la reparación de las víctimas. Este fondo se alimenta de las propiedades y dineros entregados por, o incautados a, los paramilitares y guerrilleros. También pueden aportar a él las organizaciones que deseen donar y el mismo estado. El problema con el que se topan aquí las víctimas es la dificultad en lograr probar que lo son y convencer de ello al fiscal.

Los derechos de las víctimas son fundamentalmente a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, sin embargo el proceso de justicia y paz no ha logrado hasta ahora garantizar ninguno de estos derechos. Recientemente, bajo el decreto 1290 de 2008, el estado pretende indemnizar a algunas víctimas con cifras realmente irrisorias (18.000.000 de pesos, unos 6.545 euros), diferidas a diez años. Estamos hablando de algo así como 150.000 pesos mensuales (unos 54 euros), y lo más grave, comprometiendo a la víctima a no volver a demandar al Estado por ningún tipo de vulneración a sus derechos. Esto se plantea como reparación pero no trasciende el carácter meramente indemnizatorio.

Es mucho más que importante comprender que el tema de la reparación a las víctimas debe mirarse de manera mucho más amplia y completa, ya que ellas no esperan solo el dinero, esperan liberarse del miedo, el rencor, esperan comprender mínimamente lo ocurrido, y esperan que se les brinden los medios para recuperar sus vidas y arraigos.

Aquí es donde el trabajo de entidades no gubernamentales e internacionales se vislumbran como los únicos entes capaces de forzar al gobierno a, por lo menos, entregar tierras y ayudas monetarias a las víctimas, para que de esta forma puedan dejar su vida de miseria y olvido en las ciudades. Entidades tales como son Oxfam, Amnistía Internacional, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Human Rights Watch, la Unión europea, el gobierno Vasco, el gobierno de Castilla La Mancha, Misereor, Paz con Dignidad, entre otras a las que hay que agradecer su apoyo a ayudas al pueblo colombiano. Sólo con la presión de entidades como estas, desvinculadas de los intereses feudales del gobierno colombiano, los desplazados por el terrorismo de este país podrán reiniciar sus vidas y recuperar algo de la paz a la que todo ser humano tiene derecho.

Notes

[1] [Revelaciones explosivas|Revelaciones explosivas, revista Semana


P.S. :
Mi gratitud por su colaboración y aportes a Natalia Muñoz Osorio. También mi reconocimiento a ella por su trabajo incansable con los desplazados en Colombia.

Logotipo del articulo por arcketipo. Texto que lo acompaña:

Concentración en la Plaza Sant Jaume; Barcelona.
Por las Victimas del Paramilitarismo en Colombia
(6 de Marzo 2008)

Hija del dirigente colombiano Carlos Pizarro Leóngómez, durante la Concentración en la Plaza San Jaime.
Carlos Pizarro fue asesinado el 26 de abril de 1990 cuando era candidato presidencial por la que fuera la Alianza Democrática M-19, movimiento político que surgió del grupo guerrillero M-19 tras su desmovilización.
Su crimen nunca fue totalmente esclarecido e inicialmente se le atribuyó a Pablo Escobar, no obstante años más tarde el crimen sería confesado por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, ejercito ilegal armado de extrema derecha, sin que se conocieran con claridad las personas y hechos que rodearon el asesinato.

2 Comments

2 thoughts on “Uribe te deja decidir: ¿Justicia o Paz?

  1. JFK dice:

    Felicidades. Es un gran artículo.

    1. Santiago Valverde dice:

      Gracias, se hace lo que se puede con los pocos medios de que se dispone.

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